Artículo 508 del Código Penal Explicado

1. La autoridad o funcionario público que se arrogare atribuciones judiciales o impidiere ejecutar una resolución dictada por la autoridad judicial competente, será castigado con las penas de prisión de seis meses a un año, multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

2. La autoridad o funcionario administrativo o militar que atentare contra la independencia de los Jueces o Magistrados, garantizada por la Constitución, dirigiéndoles instrucción, orden o intimación relativas a causas o actuaciones que estén conociendo, será castigado con la pena de prisión de uno a dos años, multa de cuatro a diez meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.

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¿Qué nos indica el Artículo 508 del Código Penal?

El Artículo 508 del Código Penal establece sanciones para aquellos funcionarios o autoridades que lleven a cabo acciones que interfieran con el debido proceso judicial o atenten contra la independencia de los jueces y magistrados. Es importante analizar en detalle cada palabra y concepto clave presentes en este artículo para entender completamente su significado y alcance.

Autoridad o funcionario público: El término "autoridad o funcionario público" hace referencia a aquellos individuos que ocupan cargos y ejercen labores en la administración pública. Esto puede incluir a funcionarios, miembros de las fuerzas armadas y personal administrativo.

Arrogare atribuciones judiciales: El verbo "arrogar" significa atribuirse o tomar para sí algo que no le corresponde. En este contexto, significa que un funcionario o autoridad pública se atribuye competencias que solo corresponden a las autoridades judiciales, como dictar resoluciones o tomar decisiones en un caso.

Impidiere ejecutar una resolución dictada por la autoridad judicial competente: Este segmento del artículo se refiere a la acción de obstaculizar o dificultar la ejecución de una resolución emitida por una autoridad judicial competente. Esto implica que el funcionario o autoridad pública se niega a cumplir o permite obstáculos para que la resolución dictada por la autoridad competente no se cumpla.

Prisión de seis meses a un año: La pena establecida en el artículo para este delito es una pena de prisión, que puede variar entre seis meses y un año.

Multa de tres a ocho meses: Además de la pena de prisión, se establece una multa para este delito, con un rango que va desde tres meses hasta ocho meses.

Suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años: Como parte de la sanción, también se incluye una suspensión del empleo o cargo público por un período que va desde uno hasta tres años.

El Artículo 508 del Código Penal: explicación sencilla

El Artículo 508 del Código Penal establece las sanciones para los funcionarios o autoridades públicas que tomen atribuciones judiciales o impidan la ejecución de resoluciones dictadas por la autoridad judicial correspondiente. Esto significa que si un funcionario se atribuye competencias judiciales o dificulta el cumplimiento de una resolución emitida por un juez, podrá ser sancionado.

Las sanciones contempladas en este artículo incluyen penas de prisión, multas y la suspensión del empleo o cargo público. La duración de la pena de prisión puede variar entre seis meses y un año, mientras que las multas pueden ser impuestas en un rango de tres a ocho meses. Además, se establece la suspensión del empleo o cargo público por un período que va desde uno hasta tres años.

El objetivo de este artículo es garantizar la independencia del poder judicial y asegurar que las decisiones judiciales se cumplan sin interferencias. De esta manera, se protege la imparcialidad del sistema judicial y se evita que los funcionarios o autoridades públicas tomen atribuciones por encima de las autoridades judiciales competentes.

En resumen, el Artículo 508 del Código Penal establece las sanciones para los funcionarios o autoridades públicas que se arrogan atribuciones judiciales o impiden la ejecución de resoluciones dictadas por la autoridad judicial competente. Estas sanciones buscan preservar la independencia del poder judicial y garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales.

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