Artículo 535 del Código Penal Explicado

La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, interceptare cualquier clase de correspondencia privada, postal o telegráfica, con violación de las garantías constitucionales o legales, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años.

Si divulgara o revelara la información obtenida, se impondrá la pena de inhabilitación especial, en su mitad superior, y, además, la de multa de seis a dieciocho meses.

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¿Qué nos indica el Artículo 535 del Código Penal?

El Artículo 535 del Código Penal hace referencia a la interceptación de correspondencia privada por parte de autoridades o funcionarios públicos en el contexto de un delito. En este sentido, es importante destacar el significado de las siguientes palabras clave presentes en el artículo:

- Autoridad o funcionario público: se refiere a aquellas personas que ejercen una función pública, ya sea en el ámbito estatal, autonómico o local. Esto incluye a jueces, fiscales, policías, funcionarios de prisiones, entre otros.

- Mediando causa por delito: implica que la persona que realiza la interceptación debe estar involucrada en una investigación que tenga relación con un delito. La intervención de la correspondencia privada solo está permitida en el marco de una investigación criminal y con el objetivo de obtener pruebas relacionadas con el delito en cuestión.

- Correspondencia privada: hace referencia a cualquier tipo de comunicación escrita, ya sea en formato postal o telegráfico, que sea de carácter privado. Esto incluye cartas, paquetes, telegramas u otros medios de comunicación escrita que no estén destinados a ser de conocimiento público.

- Violación de las garantías constitucionales o legales: se refiere a la vulneración de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución o en las leyes. En el caso del artículo 535, implica que la interceptación de la correspondencia privada debe realizarse de manera ilegal, es decir, sin contar con la autorización necesaria o sin cumplir los requisitos establecidos en la legislación.

- Pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público: en caso de que se compruebe la interceptación ilegal de la correspondencia privada, la persona responsable será sancionada con la pena de inhabilitación especial. Esto implica que quedará privada de la capacidad para ejercer un empleo o cargo público durante un período determinado, que puede ser de dos a seis años.

- Divulgación o revelación de la información obtenida: en el supuesto de que la persona responsable de la interceptación ilegal de la correspondencia privada divulgue o revele la información obtenida, será castigada de manera más grave. Además de la pena de inhabilitación especial, se le impondrá una multa de seis a dieciocho meses.

El Artículo 535 del Código Penal: explicación sencilla

El Artículo 535 del Código Penal establece las consecuencias legales para las autoridades o funcionarios públicos que, en el contexto de una investigación criminal, intercepten correspondencia privada de manera ilegal. La finalidad de este artículo es proteger la inviolabilidad de la correspondencia privada, que es un derecho fundamental reconocido tanto en la Constitución como en la legislación española.

En resumen, este artículo establece que cualquier autoridad o funcionario público que, sin cumplir con los requisitos legales y constitucionales, intercepte correspondencia privada durante una investigación criminal, será sancionado con inhabilitación especial para ejercer un empleo o cargo público durante un período de dos a seis años. En el caso de que, además de la interceptación, se revele o divulgue la información obtenida, la pena será más grave, incluyendo una multa adicional.

Es importante destacar que este artículo busca garantizar el respeto a la intimidad y a la privacidad de las personas, evitando así cualquier vulneración de sus derechos fundamentales. Por tanto, las interceptaciones de correspondencia privada deben estar debidamente justificadas y contar con los controles legales correspondientes para asegurar su legalidad y evitar abusos por parte de las autoridades o funcionarios públicos.

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