Artículo 156 ter del Código Penal Explicado

La distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos específicamente destinados a promover, fomentar o incitar a la autolesión de personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección será castigada con la pena de prisión de seis meses a tres años.

Las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para la retirada de los contenidos a los que se refiere el párrafo anterior, para la interrupción de los servicios que ofrezcan predominantemente dichos contenidos o para el bloqueo de unos y otros cuando radiquen en el extranjero.

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¿Qué nos indica el Artículo 156 ter del Código Penal?

El Artículo 156 ter del Código Penal hace referencia a la distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos específicamente destinados a promover, fomentar o incitar a la autolesión de personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección.

Vamos a analizar el significado de cada término importante en este artículo:

- Distribución o difusión pública: Se refiere a la acción de poner a disposición de la generalidad de las personas los contenidos mencionados, ya sea a través de Internet, del teléfono o cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación. Es importante destacar que la distribución o difusión debe ser pública, es decir, accesible a cualquier persona, y no exclusivamente a un grupo limitado.

- Contenidos específicamente destinados a promover, fomentar o incitar a la autolesión: Hace referencia a aquellos materiales, textos, imágenes, videos, etc., que tienen como finalidad alentar o incitar a las personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección a realizar actos de autolesión, como cortarse, quemarse, golpearse, entre otros.

- Personas menores de edad: Son aquellas que no han alcanzado la mayoría de edad, es decir, los 18 años. En el ámbito legal, se considera que las personas menores de edad requieren de una protección especial por su vulnerabilidad.

- Personas con discapacidad necesitadas de especial protección: Se refiere a aquellas personas que tienen una discapacidad reconocida legalmente y que requieren de una protección especial debido a su situación de vulnerabilidad.

- Pena de prisión de seis meses a tres años: En caso de cometer el delito descrito en este artículo, se establece una pena de prisión que puede oscilar entre seis meses y tres años. Es importante recordar que la pena exacta será determinada por el juez, teniendo en cuenta las circunstancias específicas del caso.

- Medidas necesarias para la retirada de los contenidos: Las autoridades judiciales tienen la facultad de ordenar la eliminación o retirada de los contenidos mencionados en el artículo. Esto implica que se tomarán acciones para que los materiales sean eliminados o inaccesibles para el público.

- Interrupción de los servicios: En aquellos casos en los que existan servicios que ofrecen predominantemente los contenidos mencionados en el artículo, las autoridades judiciales pueden ordenar su interrupción para evitar su continuidad.

- Bloqueo de los contenidos y servicios en el extranjero: En situaciones en las que los contenidos o servicios se encuentren en el extranjero, las autoridades judiciales también tienen el poder de ordenar su bloqueo, de manera que no puedan ser accesibles desde territorio español.

El Artículo 156 ter del Código Penal: explicación sencilla

El Artículo 156 ter del Código Penal establece que aquellos que distribuyan o difundan públicamente, a través de Internet, del teléfono u otras tecnologías de información o comunicación, contenidos que promuevan, fomenten o inciten a la autolesión de personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, serán castigados con una pena de prisión de entre seis meses y tres años.

Las autoridades judiciales tienen la facultad de ordenar la retirada de los contenidos, la interrupción de servicios que principalmente ofrecen dichos contenidos, así como el bloqueo de los mismos cuando se encuentren en el extranjero.

Esta medida busca proteger a las personas más vulnerables, como los menores de edad y las personas con discapacidad, de contenidos que puedan poner en riesgo su integridad física y mental. La distribución o difusión de estos contenidos está penada por la ley, con el fin de prevenir daños y promover un entorno seguro para todos.

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