Artículo 322 del Código Penal Explicado

1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de derribo o alteración de edificios singularmente protegidos será castigado además de con la pena establecida en el artículo 404 de este Código con la de prisión de seis meses a dos años o la de multa de doce a veinticuatro meses.

2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia.

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¿Qué nos indica el Artículo 322 del Código Penal?

El Artículo 322 del Código Penal español se refiere a las responsabilidades y sanciones aplicables a las autoridades o funcionarios públicos que, de manera consciente, proporcionen informes favorables o tomen decisiones a favor de proyectos de demolición o alteración de edificios que cuentan con una protección especial.

En este documento legal se hace mención a dos aspectos importantes. Primero, se establece que aquellos funcionarios que, teniendo conocimiento de la injusticia de los proyectos mencionados, emitan informes favorables sobre ellos serán sancionados con la pena establecida en el Artículo 404 del Código Penal, así como con una pena de prisión que oscilará entre los seis meses y dos años o con una multa que variará entre los doce y veinticuatro meses.

Por otro lado, también se señala que las mismas sanciones serán aplicables a aquellos funcionarios o autoridades que, ya sea de manera individual o como miembros de un organismo colegiado, hayan tomado decisiones o votado a favor de estos proyectos, a pesar de conocer su injusticia.

El Artículo 322 del Código Penal: explicación sencilla

En términos más sencillos, el Artículo 322 del Código Penal español se refiere a las consecuencias legales que enfrentan los funcionarios o autoridades públicas que actúen de manera deshonesta o injusta en relación a proyectos de demolición o alteración de edificios protegidos.

Este artículo establece que aquellos funcionarios que, a sabiendas de la injusticia de un proyecto, proporcionen informes favorables sobre el mismo, serán castigados con una pena que varía entre la prisión y la multa. Por otro lado, quienes tomen decisiones o voten a favor de estos proyectos también serán sancionados de la misma manera.

Es importante destacar que el motivo principal de esta legislación es garantizar la protección de edificios considerados patrimonio histórico o cultural, y prevenir posibles injusticias o abusos por parte de los funcionarios encargados de supervisar y aprobar estos proyectos.

En resumen, el Artículo 322 del Código Penal busca sancionar cualquier acción deshonesta o injusta realizada por autoridades o funcionarios públicos en relación a proyectos de demolición o alteración de edificios protegidos, con el objetivo de preservar y proteger nuestro patrimonio histórico y cultural.

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