Artículo 127 sexies del Código Penal Explicado

A los efectos de lo previsto en el artículo anterior serán de aplicación las siguientes presunciones:

1.º Se presumirá que todos los bienes adquiridos por el condenado dentro del período de tiempo que se inicia seis años antes de la fecha de apertura del procedimiento penal, proceden de su actividad delictiva.

A estos efectos, se entiende que los bienes han sido adquiridos en la fecha más temprana en la que conste que el sujeto ha dispuesto de ellos.

2.º Se presumirá que todos los gastos realizados por el penado durante el período de tiempo a que se refiere el párrafo primero del número anterior, se pagaron con fondos procedentes de su actividad delictiva.

3.º Se presumirá que todos los bienes a que se refiere el número 1 fueron adquiridos libres de cargas.

El juez o tribunal podrá acordar que las anteriores presunciones no sean aplicadas con relación a determinados bienes, efectos o ganancias, cuando, en las circunstancias concretas del caso, se revelen incorrectas o desproporcionadas.

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¿Qué nos indica el Artículo 127 sexies del Código Penal?

El Artículo 127 sexies del Código Penal establece una serie de presunciones legales aplicables a los bienes y gastos de una persona condenada por delitos. Estas presunciones se aplicarán en el ámbito del proceso penal y tienen como finalidad facilitar la investigación y decomiso de los bienes que se deriven de la actividad delictiva del condenado.

El Artículo 127 sexies del Código Penal: explicación sencilla

De manera sencilla, el Artículo 127 sexies del Código Penal se refiere a las presunciones legales que se establecen acerca de los bienes y gastos de una persona que ha sido condenada por un delito. Estas presunciones implican que se considerará que los bienes adquiridos por el condenado en un período de tiempo específico proceden de su actividad delictiva. Además, se presume que los gastos realizados durante ese mismo período de tiempo se pagaron con fondos provenientes de dicha actividad delictiva.

1.º Se presumirá que todos los bienes adquiridos por el condenado dentro del período de tiempo que se inicia seis años antes de la fecha de apertura del procedimiento penal, proceden de su actividad delictiva.

Esta primera presunción establece que todos los bienes adquiridos por el condenado en un período de seis años antes del inicio del proceso penal se considerarán fruto de su actividad delictiva. Es importante destacar que se considera que los bienes están adquiridos desde la fecha en la que el condenado ha dispuesto de ellos, es decir, cuando ha tenido control y posesión sobre los mismos.

2.º Se presumirá que todos los gastos realizados por el penado durante el período de tiempo a que se refiere el párrafo primero del número anterior, se pagaron con fondos procedentes de su actividad delictiva.

La segunda presunción indica que todos los gastos realizados por el condenado durante el periodo de tiempo mencionado anteriormente se considerarán pagados con fondos provenientes de su actividad delictiva. Esto implica que se asume que los recursos económicos utilizados para realizar esos gastos tienen origen ilícito.

3.º Se presumirá que todos los bienes a que se refiere el número 1 fueron adquiridos libres de cargas.

La tercera presunción establece que todos los bienes a los que se hace referencia en la primera presunción se considerarán adquiridos sin tener cargas o gravámenes. Esto significa que se parte del supuesto de que los bienes no tienen ninguna limitación o restricción en cuanto a su propiedad o posesión, como por ejemplo hipotecas, embargos u otras deudas.

El juez o tribunal podrá acordar que las anteriores presunciones no sean aplicadas con relación a determinados bienes, efectos o ganancias, cuando, en las circunstancias concretas del caso, se revelen incorrectas o desproporcionadas.

Finalmente, se establece que el juez o tribunal encargado del caso podrá decidir que las presunciones anteriormente mencionadas no sean aplicadas en determinados bienes, efectos o ganancias, si considera que en las circunstancias específicas del caso resultan incorrectas o desproporcionadas. Esto permite al juez tener la facultad de analizar y valorar el caso en particular, y en caso necesario, no aplicar las presunciones establecidas en el artículo.

En resumen, el Artículo 127 sexies del Código Penal establece una serie de presunciones legales aplicables a los bienes y gastos de una persona condenada por delitos. Estas presunciones suponen que los bienes adquiridos por el condenado en un período de tiempo específico se consideran obtenidos a través de la actividad delictiva, así como que los gastos realizados durante ese mismo período se pagaron con fondos procedentes de dicha actividad. Sin embargo, el juez o tribunal tiene la capacidad de excepcionar estas presunciones en ciertos casos si las considera incorrectas o desproporcionadas.

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