Artículo 308 del Código Penal Explicado

1. El que obtenga subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas, incluida la Unión Europea, en una cantidad o por un valor superior a cien mil euros falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de su importe, salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 6.

2. Las mismas penas se impondrán al que, en el desarrollo de una actividad sufragada total o parcialmente con fondos de las Administraciones públicas, incluida la Unión Europea, los aplique en una cantidad superior a cien mil euros a fines distintos de aquéllos para los que la subvención o ayuda fue concedida, salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 6.

3. Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de tres a seis años.

4. Si la cuantía obtenida, defraudada o aplicada indebidamente no superase los cien mil euros pero excediere de diez mil, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa del tanto al triplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de seis meses a dos años, salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 6.

5. A los efectos de determinar la cuantía a que se refiere este artículo, se atenderá al total de lo obtenido, defraudado o indebidamente aplicado, con independencia de si procede de una o de varias Administraciones Públicas conjuntamente.

6. Se entenderá realizado el reintegro al que se refieren los apartados 1, 2 y 4 cuando por el perceptor de la subvención o ayuda se proceda a devolver las subvenciones o ayudas indebidamente percibidas o aplicadas, incrementadas en el interés de demora aplicable en materia de subvenciones desde el momento en que las percibió, y se lleve a cabo antes de que se haya notificado la iniciación de actuaciones de comprobación o control en relación con dichas subvenciones o ayudas o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante de la Administración autonómica o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el juez de instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias. El reintegro impedirá que a dicho sujeto se le persiga por las posibles falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación.

7. La existencia de un procedimiento penal por alguno de los delitos de los apartados 1, 2 y 4 de este artículo, no impedirá que la Administración competente exija el reintegro por vía administrativa de las subvenciones o ayudas indebidamente aplicadas. El importe que deba ser reintegrado se entenderá fijado provisionalmente por la Administración, y se ajustará después a lo que finalmente se resuelva en el proceso penal.

El procedimiento penal tampoco paralizará la acción de cobro de la Administración, que podrá iniciar las actuaciones dirigidas al cobro salvo que el juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la suspensión de las actuaciones de ejecución previa prestación de garantía. Si no se pudiere prestar garantía en todo o en parte, excepcionalmente el juez podrá acordar la suspensión con dispensa total o parcial de garantías si apreciare que la ejecución pudiese ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación.

8. Los jueces y tribunales podrán imponer al responsable de este delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como investigado, lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 6 y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será igualmente aplicable respecto de otros partícipes en el delito distintos del obligado al reintegro o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguación del patrimonio del obligado o del responsable del delito.

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¿Qué nos indica el Artículo 308 del Código Penal?

El Artículo 308 del Código Penal en España establece las consecuencias legales para aquellos individuos que obtengan subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas, incluida la Unión Europea, de forma fraudulenta. Este artículo está diseñado para combatir el fraude en el uso indebido de fondos públicos.

El Artículo 308 del Código Penal: explicación sencilla

El Artículo 308 del Código Penal establece que aquellos que reciban subvenciones o ayudas públicas por un valor superior a cien mil euros a través de la falsificación de las condiciones requeridas para obtenerlas, o mediante la ocultación de información que hubiera impedido su concesión, serán castigados con penas de prisión de uno a cinco años y multas de hasta seis veces el importe de los fondos recibidos fraudulentamente.

Además, aquellos que utilicen los fondos públicos recibidos en actividades diferentes a las que se les concedieron, también podrán ser sancionados con penas similares. En ambos casos, si el individuo hace frente al reintegro de los fondos de forma previa al inicio de actuaciones legales, podrá evitar parte de estas penas.

Es importante destacar que, además de la pena de prisión y multas, el individuo también perderá la posibilidad de obtener futuras subvenciones o ayudas públicas, así como el derecho a gozar de beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante un período de tres a seis años.

Si la cantidad defraudada o el uso indebido de los fondos no supera los cien mil euros pero excede los diez mil euros, las penas pueden ser de tres meses a un año de prisión o multas hasta tres veces el importe defraudado. En este caso, también se aplicará la pérdida de posibilidad de obtener futuras subvenciones o ayudas públicas, y de gozar de beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante un período de seis meses a dos años.

Es necesario resaltar que, para calcular la cuantía a la que se refiere este artículo, se considerará la suma total de los fondos defraudados o utilizados de forma indebida, sin importar si provienen de una o varias Administraciones Públicas conjuntamente.

Además, el artículo establece que el reintegro de los fondos por parte del individuo acusado de fraude debe realizarse antes de que se haya notificado la iniciación de actuaciones de comprobación o control relacionadas con estas subvenciones o ayudas. Este reintegro debe incluir los intereses de mora aplicables a las subvenciones desde el momento en que fueron percibidas.

Es importante tener en cuenta que el inicio de un proceso penal por alguno de los delitos contemplados en este artículo no impedirá que la Administración competente exija el reintegro de los fondos de forma administrativa. El importe a devolver será determinado provisionalmente por la Administración, y se ajustará posteriormente a lo que se resuelva en el proceso penal.

En caso de que el individuo no haga frente al reintegro total o parcial de los fondos defraudados y no pueda prestar garantías, el juez podrá acordar la suspensión de las actuaciones de ejecución con dispensa total o parcial de garantías si considera que la ejecución podría ocasionar daños irreparables o de difícil reparación.

Finalmente, los jueces y tribunales podrán imponer una pena inferior en uno o dos grados al responsable de este delito si realiza el reintegro antes de que transcurran dos meses desde que fue citado como investigado y reconoce judicialmente los hechos. Esto también será aplicable a aquellos que colaboren activamente en la obtención de pruebas para la identificación o captura de otros responsables, el esclarecimiento total de los delitos o la averiguación del patrimonio del responsable o autor del delito.

En resumen, el Artículo 308 del Código Penal en España establece las penas y consecuencias legales para aquellos individuos que obtengan subvenciones o ayudas públicas de forma fraudulenta. Dicho artículo busca proteger los fondos públicos y prevenir el uso indebido de los mismos.

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