1. La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas, será castigado con una pena de prisión de dos a seis años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años.

2. Se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años si en los hechos que se refieren en el apartado anterior hubiere concurrido alguna de las circunstancias siguientes:

a) se hubiera causado un daño o entorpecimiento graves al servicio público,

b) el valor del perjuicio causado o del patrimonio público apropiado excediere de 50.000 euros,

c) las cosas malversadas fueran de valor artístico, histórico, cultural o científico; o si se tratare de efectos destinados a aliviar alguna calamidad pública.

Si el valor del perjuicio causado o del patrimonio público apropiado excediere de 250.000 euros, se impondrá la pena de prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado.

3. Los hechos a que se refiere el presente artículo serán castigados con una pena de prisión de uno a dos años y multa de tres meses y un día a doce meses, y en todo caso inhabilitación especial para cargo o empleo público y derecho de sufragio pasivo por tiempo de uno a cinco años, cuando el perjuicio causado o el valor del patrimonio público sea inferior a 4.000 euros.

Art. 432 CP

Artículo 432 del Código Penal Español

¿Qué nos indica el Artículo 432 del Código Penal?

El Artículo 432 del Código Penal establece las sanciones y consecuencias legales para las autoridades o funcionarios públicos que se apropien o permitan la apropiación de bienes públicos, en el ejercicio de sus funciones, con el ánimo de lucro.

Para poder entender el alcance y el significado del artículo, es necesario analizar cada palabra y concepto clave:

Autoridad o funcionario público

Se refiere a cualquier individuo que ostente un cargo o empleo dentro de una institución pública, como un servidor público, empleado de una administración gubernamental o un miembro del gobierno.

Ánimo de lucro

Este término hace referencia a la intención de obtener un beneficio económico personal a través de la apropiación indebida de bienes públicos.

Apropiarse del patrimonio público

Significa hacerse dueño o disponer sin autorización de los bienes o recursos que forman parte del patrimonio público, es decir, aquellos bienes o fondos pertenecientes al Estado o a una institución pública en particular.

Razón de sus funciones o con ocasión de las mismas

Se refiere a los actos realizados en el ejercicio del cargo público o en relación directa con él. Esto incluye el aprovechamiento de las circunstancias propias de su función para llevar a cabo la apropiación indebida.

Pena de prisión de dos a seis años

En caso de ser encontrado culpable, la persona será condenada a una pena de prisión que puede oscilar entre dos y seis años. Esta pena puede variar dependiendo de las circunstancias agravantes presentes en cada caso.

Inhabilitación especial para cargo o empleo público

Además de la pena de prisión, el individuo también será descalificado para ejercer cualquier cargo o empleo público durante un período determinado.

Inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo

Esto implica la pérdida del derecho a presentarse como candidato en elecciones o formar parte de un órgano legislativo durante un período de tiempo específico.

El Artículo 432 del Código Penal: explicación sencilla

El Artículo 432 del Código Penal busca prevenir y sancionar la apropiación indebida de bienes públicos por parte de autoridades o funcionarios públicos. Establece penas de prisión y otras consecuencias legales, con el objetivo de proteger el patrimonio público y garantizar la transparencia y la integridad en el ejercicio de las funciones públicas.

De esta manera, se castiga a aquellos individuos que, con el ánimo de lucro, se apropian de los bienes públicos que tienen a su cargo o consienten que terceros lo hagan. Las penas de prisión pueden variar dependiendo de la gravedad de los hechos, como el daño causado al servicio público, el valor del perjuicio o del patrimonio público apropiado y el tipo de bienes malversados.

Es importante destacar que el artículo también contempla una pena más leve para aquellos casos en los que el perjuicio causado o el valor del patrimonio público sean inferiores a 4.000 euros. En estos casos, se impone una pena de prisión menor, una multa y la inhabilitación especial y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante un período de tiempo determinado.

¿Cuándo aplicaría el Artículo 432 del Código Penal?

El Artículo 432 del Código Penal se aplica en situaciones en las que una autoridad o funcionario público, con el objetivo de obtener un beneficio económico personal, se apropia o permite la apropiación de bienes públicos que están bajo su responsabilidad. Esta acción debe realizarse en el ejercicio de sus funciones o en relación directa con ellas.

Es importante tener en cuenta que el término autoridad o funcionario público se refiere a cualquier persona que ocupe un cargo en una institución pública, como un servidor público, empleado gubernamental o miembro del gobierno.

El concepto de ánimo de lucro indica que la persona actúa con la intención de obtener un beneficio económico personal a través de la apropiación indebida de bienes públicos. En otras palabras, busca beneficiarse económicamente de manera ilícita.

Al hablar de apropiarse del patrimonio público, nos referimos a la acción de hacerse dueño o disponer de forma indebida de los bienes o recursos que pertenecen al Estado o a una institución pública. Esto implica un acto de disposición no autorizado de los bienes públicos.

La razón de sus funciones o con ocasión de las mismas hace referencia a que la acción de apropiación indebida se lleva a cabo en el ejercicio del cargo público o en conexión directa con él. Es decir, se aprovecha de la posición de autoridad para cometer el delito.

Las consecuencias legales previstas en el Artículo 432 incluyen penas de prisión que van desde dos a seis años, inhabilitación especial para ocupar cargos públicos y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un período de seis a diez años. En casos graves, las penas pueden ser más severas, llegando hasta cuatro a ocho años de prisión y diez a veinte años de inhabilitación absoluta.

Ejemplos de aplicación del Artículo 432 del Código Penal Español

• Caso 1: Un alcalde de un municipio decide desviar fondos públicos destinados a obras de infraestructura hacia una cuenta personal con el objetivo de enriquecerse.
• Caso 2: Un funcionario de una entidad gubernamental autoriza la sobrevaloración de contratos de obras públicas para obtener comisiones ilegales.
• Caso 3: Un juez acepta sobornos a cambio de dictar sentencias favorables en juicios que afectan al patrimonio público.
• Caso 4: Un inspector de hacienda manipula registros contables para encubrir la desviación de fondos públicos hacia cuentas privadas.
• Caso 5: Un director de una institución pública utiliza recursos destinados a becas estudiantiles para financiar viajes personales de lujo.

En todos estos casos, los individuos involucrados han actuado con ánimo de lucro, se han apropiado del patrimonio público con ocasión de sus funciones y han causado un perjuicio grave al servicio público, lo cual encaja en las disposiciones del Artículo 432 del Código Penal. Esto representa una clara violación de la ley y de la confianza pública en las instituciones gubernamentales.

• Caso 6: Un consejero de una comunidad autónoma desvía fondos destinados a la sanidad pública para favorecer a empresas en las que tiene intereses personales.
• Caso 7: Un concejal de urbanismo acepta sobornos de promotores inmobiliarios a cambio de autorizar construcciones en zonas protegidas.
• Caso 8: Un alto cargo de un ministerio desvía fondos destinados a ayudas sociales para uso privado.
• Caso 9: Un responsable de contratación en una entidad pública infla facturas de proveedores para recibir comisiones ilegales.
• Caso 10: Un director de un hospital desvía fondos destinados a comprar equipos médicos para uso personal.

En cada uno de estos ejemplos, se pone de manifiesto la importancia de cumplir con la legalidad y la ética en el ejercicio de funciones públicas. La corrupción y la malversación de fondos son delitos que socavan la confianza en las instituciones y afectan negativamente a la sociedad en su conjunto.