Artículo 432 bis del Código Penal Explicado

La autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos privados el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a tres años, y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años.

Si el culpable no reintegrara los mismos elementos del patrimonio público distraídos dentro de los diez días siguientes al de la incoación del proceso, se le impondrán las penas del artículo anterior.

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¿Qué nos indica el Artículo 432 bis del Código Penal?

El Artículo 432 bis del Código Penal regula la conducta de los funcionarios o autoridades públicas que, sin intención de apropiarse de él, desvían el patrimonio público que tienen a su cargo o en ocasión de sus funciones para su uso privado. Esta conducta está tipificada como un delito y tiene como consecuencia una pena de prisión de seis meses a tres años, así como una suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años. Además, si el culpable no devuelve el patrimonio público a su posición original en un plazo de diez días desde que se inicie el proceso, se le impondrán las penas del artículo anterior.

El Artículo 432 bis del Código Penal: explicación sencilla

El Artículo 432 bis del Código Penal establece las consecuencias legales para los funcionarios o autoridades públicas que utilicen para fines privados el patrimonio público que tienen a su cargo o que se encuentre relacionado con sus responsabilidades. En este artículo se diferencia de un delito de apropiación indebida, que implica tomar posesión del patrimonio público con intención de apropiarse de él, ya que aquí se considera que el funcionario o autoridad no tiene intención de quedarse con esos bienes públicos, sino solo de utilizarlos temporalmente para su beneficio personal.

Es importante destacar que el desvío de patrimonio público para uso privado sin intención de apropiación también es considerado un acto delictivo, ya que afecta el correcto funcionamiento de las instituciones públicas y perjudica a toda la sociedad. Por tanto, este artículo busca sancionar y prevenir estas conductas para proteger el patrimonio público y el interés general.

El artículo establece una pena de prisión de seis meses a tres años para los funcionarios o autoridades públicas que incurran en esta conducta, así como una suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años. Estas sanciones tienen como objetivo no solo castigar al culpable, sino también disuadir a otros funcionarios o autoridades de cometer este tipo de actos.

Además, este artículo establece que si el culpable no devuelve los elementos del patrimonio público desviados en un plazo de diez días desde el inicio del proceso, se le impondrán las penas establecidas en el artículo anterior. Esto significa que si el funcionario o autoridad no corrige su conducta y no restituye el patrimonio público en el tiempo establecido, la gravedad de las sanciones aumentará.

En resumen, el Artículo 432 bis del Código Penal sanciona a los funcionarios o autoridades públicas que desvían el patrimonio público para su uso privado, aunque no tengan intención de apropiarse de él. Esta conducta es considerada un delito y tiene como consecuencia una pena de prisión y una suspensión de empleo o cargo público. Además, se establece que si no se devuelve el patrimonio público desviado en un plazo de diez días, las sanciones pueden ser aún más graves.

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