Cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello. En estos supuestos la autoridad judicial podrá decretar, además, alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este Código.
Art. 318 CP
¿Qué nos indica el Artículo 318 del Código Penal?
El Artículo 318 del Código Penal establece las consecuencias penales que pueden sufrir las personas jurídicas, como empresas o organizaciones, cuando se les atribuyen hechos delictivos. En estas situaciones, se impondrá una pena a los administradores o encargados del servicio que sean responsables de los mismos, así como a aquellos que, teniendo conocimiento de los hechos y pudiendo remediarlos, no hayan adoptado medidas para evitarlos. Además de esto, la autoridad judicial tiene la facultad de decretar algunas de las medidas contempladas en el artículo 129 del Código Penal.
El Artículo 318 del Código Penal: explicación sencilla
El Artículo 318 del Código Penal es una norma legal que tiene como objetivo establecer las consecuencias penales para las personas jurídicas, como empresas u organizaciones, cuando estas son responsables de cometer hechos delictivos. De acuerdo con este artículo, se considera que una empresa es responsable de un delito cuando sus administradores o encargados del servicio son responsables de cometer el delito o de permitir su comisión al tener conocimiento de los hechos y no tomar medidas para evitarlo.
La pena que se impone a las personas jurídicas en estos casos corresponde a la señalada en el artículo correspondiente al delito en cuestión. Por ejemplo, si la empresa ha sido responsable de un delito de estafa, deberá ser sancionada con la pena establecida para este delito. Sin embargo, es importante destacar que la pena se impone a los administradores o encargados del servicio de la empresa que sean responsables de los hechos, es decir, a aquellas personas que han tenido un papel directo en la comisión del delito.
Además de la pena impuesta a los responsables, el artículo 318 del Código Penal establece que la autoridad judicial tiene la facultad de decretar algunas de las medidas contempladas en el artículo 129 del mismo código. Estas medidas pueden incluir, por ejemplo, la suspensión temporal o definitiva de las actividades de la empresa, la clausura de establecimientos o instalaciones, la intervención judicial en la empresa, la inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas, entre otras.
Para tenerlo claro y a modo de síntesis, el Artículo 318 del Código Penal establece las consecuencias penales para las personas jurídicas que sean responsables de cometer delitos. Estas consecuencias se aplican a los administradores o encargados del servicio de la empresa que han sido responsables de los hechos y a aquellos que, teniendo conocimiento de los mismos y pudiendo evitarlos, no han tomado medidas para remediar la situación. Además de la pena impuesta, la autoridad judicial puede decretar medidas adicionales para sancionar a la empresa.
¿Cuándo aplicaría el Artículo 318 del Código Penal?
El Artículo 318 del Código Penal es aplicable cuando se atribuyen hechos delictivos a personas jurídicas, como empresas u organizaciones. En estos casos, la ley establece que se impondrá una pena a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos.
Es importante destacar que la pena se aplica no solo a quienes han cometido el delito, sino también a aquellos que, teniendo conocimiento de los hechos y pudiendo evitarlos, no han tomado medidas para remediar la situación. En otras palabras, se castiga tanto la acción directa como la omisión de actuar frente a un delito.
Además, la autoridad judicial tiene la facultad de decretar medidas adicionales, contempladas en el artículo 129 del Código Penal, para sancionar a la empresa responsable. Estas medidas pueden incluir la suspensión de actividades, la clausura de establecimientos, la intervención judicial en la empresa, entre otras.
Ejemplos de aplicación del Artículo 318 del Código Penal
- Delito de estafa: Una empresa lleva a cabo una campaña publicitaria fraudulenta para vender un producto que no cumple con las características prometidas. Los administradores de la empresa son responsables de este engaño y no adoptan medidas para corregir la situación, por lo que podrían ser sancionados conforme al Artículo 318 del Código Penal.
- Delito de corrupción: Un alto directivo de una empresa utiliza sus influencias para obtener contratos públicos de manera fraudulenta. Tanto el directivo como los administradores de la empresa que estaban al tanto de estas actividades ilegales podrían enfrentar consecuencias penales según lo establecido en el Artículo 318 del Código Penal.
- Delito medioambiental: Una empresa vierte desechos tóxicos en un río sin contar con los permisos necesarios ni tomar las medidas adecuadas para evitar la contaminación. Los responsables de esta acción y quienes pudieron haber evitado el daño ambiental podrían ser penalizados de acuerdo con el Artículo 318 del Código Penal.
- Malversación de fondos: Los responsables de una empresa desvían fondos de la misma para beneficio personal, provocando un perjuicio económico a la entidad. En este caso, los administradores implicados y quienes no han tomado medidas para prevenir estos actos ilegales podrían ser objeto de sanciones judiciales contempladas en el Artículo 318 del Código Penal.
- Uso de información privilegiada: Los directivos de una empresa utilizan información confidencial para obtener beneficios económicos ilícitos en el mercado de valores. En este escenario, tanto los implicados en la acción delictiva como los responsables que no han actuado para poner fin a estas prácticas podrían ser castigados bajo las disposiciones del Artículo 318 del Código Penal.
Estos son solo algunos ejemplos de situaciones en las que el Artículo 318 del Código Penal puede ser aplicado. En cada caso, es fundamental analizar detalladamente las circunstancias y el nivel de responsabilidad de los implicados para determinar las consecuencias penales correspondientes según la ley española.