Artículo 318 del Código Penal Explicado

Cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello. En estos supuestos la autoridad judicial podrá decretar, además, alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este Código.

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¿Qué nos indica el Artículo 318 del Código Penal?

El Artículo 318 del Código Penal establece las consecuencias penales que pueden sufrir las personas jurídicas, como empresas o organizaciones, cuando se les atribuyen hechos delictivos. En estas situaciones, se impondrá una pena a los administradores o encargados del servicio que sean responsables de los mismos, así como a aquellos que, teniendo conocimiento de los hechos y pudiendo remediarlos, no hayan adoptado medidas para evitarlos. Además de esto, la autoridad judicial tiene la facultad de decretar algunas de las medidas contempladas en el artículo 129 del Código Penal.

El Artículo 318 del Código Penal: explicación sencilla

El Artículo 318 del Código Penal es una norma legal que tiene como objetivo establecer las consecuencias penales para las personas jurídicas, como empresas u organizaciones, cuando estas son responsables de cometer hechos delictivos. De acuerdo con este artículo, se considera que una empresa es responsable de un delito cuando sus administradores o encargados del servicio son responsables de cometer el delito o de permitir su comisión al tener conocimiento de los hechos y no tomar medidas para evitarlo.

La pena que se impone a las personas jurídicas en estos casos corresponde a la señalada en el artículo correspondiente al delito en cuestión. Por ejemplo, si la empresa ha sido responsable de un delito de estafa, deberá ser sancionada con la pena establecida para este delito. Sin embargo, es importante destacar que la pena se impone a los administradores o encargados del servicio de la empresa que sean responsables de los hechos, es decir, a aquellas personas que han tenido un papel directo en la comisión del delito.

Además de la pena impuesta a los responsables, el artículo 318 del Código Penal establece que la autoridad judicial tiene la facultad de decretar algunas de las medidas contempladas en el artículo 129 del mismo código. Estas medidas pueden incluir, por ejemplo, la suspensión temporal o definitiva de las actividades de la empresa, la clausura de establecimientos o instalaciones, la intervención judicial en la empresa, la inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas, entre otras.

En resumen, el Artículo 318 del Código Penal establece las consecuencias penales para las personas jurídicas que sean responsables de cometer delitos. Estas consecuencias se aplican a los administradores o encargados del servicio de la empresa que han sido responsables de los hechos y a aquellos que, teniendo conocimiento de los mismos y pudiendo evitarlos, no han tomado medidas para remediar la situación. Además de la pena impuesta, la autoridad judicial puede decretar medidas adicionales para sancionar a la empresa.

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