Artículo 189 ter del Código Penal Explicado

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes penas:

a) Multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.

b) Multa del doble al cuádruple del beneficio obtenido, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida en el anterior inciso.

c) Multa del doble al triple del beneficio obtenido, en el resto de los casos.

d) Disolución de la persona jurídica, conforme a lo dispuesto en el artículo 33.7 b) de este Código, pudiendo decretarse, atendidas las reglas recogidas en el artículo 66 bis, las demás penas previstas en el mismo que sean compatibles con la disolución.

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¿Qué nos indica el Artículo 189 ter del Código Penal?

El Artículo 189 ter del Código Penal es una disposición jurídica que establece las penas aplicables a las personas jurídicas cuando sean responsables de delitos contemplados en el Capítulo correspondiente. Este artículo busca sancionar a las organizaciones o empresas que han cometido delitos en su nombre o en beneficio de la misma.

En este sentido, el artículo establece diferentes tipos de sanciones que pueden ser impuestas a las personas jurídicas, dependiendo de la gravedad del delito cometido por una persona física. Además, también se contempla la posibilidad de disolver la persona jurídica en casos especialmente graves y se establecen reglas para la imposición de otras penas compatibles con la disolución.

El Artículo 189 ter del Código Penal: explicación sencilla

El Artículo 189 ter del Código Penal nos habla de las penas que se pueden imponer a las personas jurídicas cuando estas son responsables de delitos contemplados en el Capítulo correspondiente.

Persona jurídica: Se refiere a una organización o empresa que tiene personalidad jurídica propia, es decir, que tiene derechos y obligaciones reconocidos por la ley.

Delitos comprendidos en este Capítulo: Se refiere a los delitos especificados en el Capítulo del Código Penal al que hace referencia este artículo. Es importante destacar que el artículo no menciona específicamente cuáles son estos delitos, por lo que es necesario consultar el Código Penal para conocerlos con detalle.

Beneficio obtenido: Se refiere a las ganancias o ventajas económicas obtenidas por la persona jurídica a través de la comisión del delito. La pena impuesta a la persona jurídica estará en relación con el monto de este beneficio.

Multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido: Esta pena se aplica cuando el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años. La multa impuesta a la persona jurídica será entre tres y cinco veces el beneficio obtenido.

Multa del doble al cuádruple del beneficio obtenido: Esta pena se aplica cuando el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años, pero no se incluye en el caso anterior. La multa impuesta a la persona jurídica será entre dos y cuatro veces el beneficio obtenido.

Multa del doble al triple del beneficio obtenido: Esta pena se aplica en los demás casos, es decir, cuando el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión y no se encuadra en ninguno de los supuestos anteriores. La multa impuesta a la persona jurídica será entre dos y tres veces el beneficio obtenido.

Disolución de la persona jurídica: En los casos especialmente graves, se puede ordenar la disolución de la persona jurídica. Esto significa que la empresa u organización dejará de existir legalmente.

Es importante destacar que, además de la disolución, se pueden imponer otras penas a la persona jurídica, siempre y cuando sean compatibles con la disolución y se cumplan las reglas establecidas en el artículo 66 bis del Código Penal.

En resumen, el Artículo 189 ter del Código Penal establece las penas que se pueden imponer a las personas jurídicas cuando son responsables de delitos específicos. Estas penas incluyen multas proporcionales al beneficio obtenido y, en casos graves, la disolución de la persona jurídica.

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