Artículo 228 del Código Penal Explicado

Los delitos previstos en los dos artículos anteriores, sólo se perseguirán previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquélla sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal.

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¿Qué nos indica el Artículo 228 del Código Penal?

El Artículo 228 del Código Penal establece una condición específica para la persecución de delitos que se encuentren previstos en los dos artículos anteriores. En este sentido, nos indica que estos delitos solo podrán ser perseguidos si existe una denuncia previa por parte de la persona agraviada o su representante legal. No obstante, existen situaciones particulares en las que se puede permitir que el Ministerio Fiscal también pueda presentar la denuncia.

El Artículo 228 del Código Penal: explicación sencilla

El Artículo 228 del Código Penal establece que, para que los delitos contemplados en los dos artículos anteriores puedan ser perseguidos legalmente, es necesario que la persona afectada o su representante legal realicen una denuncia formal ante las autoridades competentes. Esta denuncia debe ser presentada de manera previa a cualquier acción legal.

Es importante destacar que este requisito es fundamental para iniciar un proceso legal en caso de comisión de estos delitos en particular. Estos delitos se refieren a situaciones específicas que pueden afectar gravemente a las personas, como agresiones, lesiones, abusos sexuales, entre otros.

Asimismo, el artículo señala que, en situaciones especiales, la denuncia también podrá ser realizada por el Ministerio Fiscal. Esto sucede cuando la persona agraviada es menor de edad, una persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida. En estos casos, el Ministerio Fiscal puede actuar como representante de la víctima y presentar la denuncia correspondiente.

En resumen, el Artículo 228 del Código Penal establece la necesidad de una denuncia previa por parte de la persona afectada o su representante legal para perseguir legalmente los delitos contemplados en los dos artículos anteriores. Esto garantiza que se respeten los derechos de las personas y se pueda actuar de manera adecuada ante situaciones de agresión o abuso. Además, permite la intervención del Ministerio Fiscal en casos especiales en los que la víctima no pueda presentar la denuncia por sí misma.

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