Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en los artículos 197, 197 bis y 197 ter, se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.
Art. 197 quinquies CP
¿Qué nos indica el Artículo 197 quinquies del Código Penal?
El Artículo 197 quinquies del Código Penal establece la pena para las personas jurídicas que sean responsables de los delitos comprendidos en los artículos 197, 197 bis y 197 ter.
En primer lugar, es importante entender el concepto de persona jurídica. Una persona jurídica se refiere a una entidad que tiene capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, como una empresa, una entidad sin ánimo de lucro o una institución pública.
El artículo hace referencia a los delitos contemplados en los artículos 197, 197 bis y 197 ter. Estos artículos se refieren a los delitos contra los derechos de los trabajadores, en los cuales se incluyen conductas como el fraude en la contratación laboral, el impago de salarios o la explotación laboral. Estos delitos atentan contra los derechos fundamentales de los trabajadores y vulneran el marco legal laboral vigente.
En consecuencia, cuando una persona jurídica es responsable de alguno de estos delitos, se le impondrá la pena de multa. La pena de multa para las personas jurídicas va desde seis meses hasta dos años. Estas penas están establecidas en función de la gravedad del delito cometido.
Es importante destacar que esta pena de multa es independiente de cualquier otra medida que pueda imponer el juez. Según el artículo 66 bis y el apartado 7 del artículo 33, los jueces y tribunales también pueden imponer otras penas adicionales como la disolución de la persona jurídica, la prohibición de desarrollar actividades relacionadas con el delito cometido, la clausura de establecimientos, la suspensión de actividades o la intervención judicial.
El Artículo 197 quinquies del Código Penal: explicación sencilla
Para tenerlo claro y a modo de conclusión, el Artículo 197 quinquies del Código Penal establece las penas que se imponen a las personas jurídicas que sean responsables de los delitos contra los derechos de los trabajadores contemplados en los artículos 197, 197 bis y 197 ter. Estos delitos atentan contra los derechos laborales y la dignidad de los trabajadores.
La pena principal es la multa, que puede oscilar entre seis meses y dos años. Además, los jueces y tribunales tienen la facultad de imponer otras penas complementarias, como la disolución de la entidad o la prohibición de realizar actividades relacionadas con el delito cometido.
Es importante destacar que esta legislación tiene como objetivo garantizar el respeto de los derechos laborales y fomentar la responsabilidad de las personas jurídicas en la protección de los trabajadores. La imposición de sanciones proporcionales y disuasorias puede contribuir a la prevención y erradicación de los delitos laborales, así como a garantizar una justicia equitativa.
¿Cuándo aplicaría el Artículo 197 quinquies del Código Penal?
El Artículo 197 quinquies del Código Penal se aplica cuando una persona jurídica es responsable de los delitos contemplados en los artículos 197, 197 bis y 197 ter. En términos simples, una persona jurídica se refiere a una entidad legalmente reconocida, como una empresa o una organización sin ánimo de lucro.
Los delitos mencionados en los artículos antes mencionados se refieren a acciones que vulneran los derechos laborales de los trabajadores. Estos delitos pueden incluir situaciones como el impago de salarios, la discriminación laboral o la explotación de los trabajadores.
La pena establecida en el Artículo 197 quinquies para las personas jurídicas responsables de estos delitos es una multa que puede oscilar entre seis meses y dos años. Esta multa se impone con el objetivo de sancionar y prevenir conductas que atenten contra los derechos laborales de los trabajadores.
Además de la multa, los jueces y tribunales pueden imponer otras penas complementarias, como la disolución de la entidad o la prohibición de realizar ciertas actividades relacionadas con el delito. Estas medidas buscan garantizar la protección de los derechos laborales y promover la responsabilidad de las personas jurídicas en el ámbito laboral.
Ejemplos de aplicación del Artículo 197 quinquies del Código Penal
- Fraude en la contratación laboral: Este delito se produce cuando una empresa falsifica documentos o información para contratar a trabajadores en condiciones ilegales, como falsos contratos laborales o condiciones salariales inferiores a las establecidas por ley.
- Impago de salarios: Cuando una persona jurídica no paga los salarios correspondientes a sus trabajadores, ya sea de forma parcial o total, se está vulnerando el derecho fundamental del trabajador a percibir una remuneración justa por su trabajo.
- Explotación laboral: La explotación laboral consiste en obligar a los trabajadores a realizar jornadas excesivas, en condiciones precarias o sin respetar sus derechos laborales mínimos, como descansos, vacaciones o seguridad en el trabajo.
- Discriminación laboral: Cuando una empresa discrimina a sus empleados por motivos de género, raza, orientación sexual, religión u otros motivos prohibidos por la ley, se está vulnerando el derecho a la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.
- Acoso laboral: El acoso laboral, también conocido como mobbing, consiste en situaciones en las cuales un trabajador es sometido a conductas hostiles, humillantes o intimidatorias en el entorno laboral, lo cual puede tener graves consecuencias para la salud mental y física de la persona afectada.
Estos son solo algunos ejemplos de situaciones en las cuales el Artículo 197 quinquies del Código Penal podría aplicarse para sancionar a las personas jurídicas responsables de cometer delitos contra los derechos de los trabajadores. Es fundamental que las empresas cumplan con la legislación laboral vigente y respeten los derechos fundamentales de sus empleados para garantizar un ambiente laboral justo y seguro.