Artículo 175 del Código Penal Explicado

La autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y fuera de los casos comprendidos en el artículo anterior, atentare contra la integridad moral de una persona será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años si el atentado fuera grave, y de prisión de seis meses a dos años si no lo es. Se impondrá, en todo caso, al autor, además de las penas señaladas, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a cuatro años.

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¿Qué nos indica el Artículo 175 del Código Penal?

El Artículo 175 del Código Penal establece las consecuencias legales para aquellos casos en los que una autoridad o funcionario público abuse de su cargo y atente contra la integridad moral de una persona. Es importante destacar cada palabra clave de este artículo para entender su alcance y significado.

Este artículo se refiere a situaciones en las que un funcionario público utiliza su posición de poder de manera indebida y, en contra de los casos contemplados en el artículo anterior, lleva a cabo acciones que dañan la integridad moral de una persona. Para entender mejor este artículo, vamos a analizar en detalle cada término relevante.

Autoridad o funcionario público: Se refiere a cualquier individuo que ocupa un cargo público, ya sea en el ámbito administrativo, judicial u otra área del gobierno. Esto incluye a jueces, policías, funcionarios gubernamentales, entre otros.

Abusando de su cargo: Hace referencia a la utilización indebida de la posición o funciones propias del cargo público. Esto implica que el funcionario público se aprovecha de su autoridad y utiliza recursos, información o poder para cometer el delito.

Fuera de los casos comprendidos en el artículo anterior: Hace referencia al artículo anterior del Código Penal, que debe ser revisado para comprender los casos específicos contemplados en la ley. Es importante saber que existen situaciones adicionales en las que un funcionario público puede ser responsable de atentar contra la integridad moral de una persona.

Atentare contra la integridad moral de una persona: Se refiere a las acciones que causan un daño psicológico, emocional o moral a una persona. Esto puede incluir actos de humillación, vejación, maltrato verbal, intimidación, entre otros comportamientos que afecten negativamente la dignidad y el bienestar emocional de la víctima.

Pena de prisión: En caso de que el atentado contra la integridad moral sea considerado grave, el funcionario público puede ser condenado a una pena de prisión de dos a cuatro años. Por otro lado, si el atentado no es considerado grave, la pena puede ser de prisión de seis meses a dos años.

Inhabilitación especial para empleo o cargo público: En todos los casos, independientemente de la gravedad del atentado, el autor será condenado a una pena adicional de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Esta pena implica que el funcionario público no podrá ejercer durante un periodo de dos a cuatro años cualquier empleo o cargo público.

El Artículo 175 del Código Penal: explicación sencilla

El Artículo 175 del Código Penal establece las consecuencias legales para aquellos funcionarios o autoridades públicas que, abusando de su posición, atenten contra la integridad moral de una persona. Este artículo se refiere a casos en los que se utiliza el poder y la autoridad para causar daño psicológico, emocional o moral a alguien.

La pena establecida para este delito varía según la gravedad de la acción. Si el atentado es considerado grave, la pena de prisión puede ser de dos a cuatro años. Por otro lado, si el atentado no es grave, la pena de prisión puede ser de seis meses a dos años.

Además de la pena de prisión, el funcionario público también será condenado a una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público, que implica que no podrá ejercer ninguna función pública durante un periodo de dos a cuatro años.

Este artículo busca proteger la integridad moral de las personas y asegurar que los funcionarios públicos actúen de manera ética y responsable en el ejercicio de sus funciones. Implica una responsabilidad adicional para aquellos que ocupan cargos de autoridad, asegurando que no abusen de su posición y respeten los derechos y la dignidad de los ciudadanos.

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