Artículo 174 del Código Penal Explicado

1. Comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión o que, de cualquier otro modo, atenten contra su integridad moral. El culpable de tortura será castigado con la pena de prisión de dos a seis años si el atentado fuera grave, y de prisión de uno a tres años si no lo es. Además de las penas señaladas se impondrá, en todo caso, la pena de inhabilitación absoluta de ocho a 12 años.

2. En las mismas penas incurrirán, respectivamente, la autoridad o funcionario de instituciones penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores que cometiere, respecto de detenidos, internos o presos, los actos a que se refiere el apartado anterior.

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¿Qué nos indica el Artículo 174 del Código Penal?

El Artículo 174 del Código Penal establece los delitos relacionados con la tortura en España. A través de este artículo se define y sanciona la conducta de aquellos que, en calidad de autoridad o funcionario público, abusen de su cargo con el objetivo de obtener una confesión o información de una persona, castigarla por algún delito o sospecha de delito, o por cualquier razón discriminatoria.

Este artículo busca proteger los derechos y la integridad física y mental de las personas, evitando que sean sometidas a sufrimientos físicos o mentales, supresión o disminución de sus facultades cognitivas, o cualquier otra acción que atente contra su integridad moral.

El Artículo 174 del Código Penal: explicación sencilla

En términos sencillos, el Artículo 174 del Código Penal establece que aquellos autoridades o funcionarios públicos que abusen de su posición con el fin de obtener información o confesiones mediante el uso de métodos que causen sufrimientos físicos o mentales, supresión o disminución de las facultades cognitivas, o que atenten contra la integridad moral de la persona, serán sancionados con penas de prisión.

Este artículo también se aplica a las autoridades o funcionarios de instituciones penitenciarias o centros de protección o corrección de menores, que cometan los mismos actos mencionados anteriormente contra detenidos, internos o presos.

Es importante destacar que la pena será mayor si el atentado es considerado grave, en cuyo caso se impondrá una pena de prisión de dos a seis años. Si el atentado no es considerado grave, la pena será de prisión de uno a tres años. Además de estas penas, se impondrá siempre la pena de inhabilitación absoluta de ocho a doce años.

El objetivo principal del artículo es prevenir y sancionar los actos de tortura, garantizando el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas y evitando cualquier tipo de discriminación.

En resumen, el Artículo 174 del Código Penal de España establece las conductas de tortura y define las sanciones correspondientes para aquellos que las lleven a cabo. Su objetivo principal es proteger y garantizar los derechos y la integridad de las personas, evitando cualquier tipo de trato inhumano o degradante.

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