Artículo 390 del Código Penal Explicado

1. Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad:

1.º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.

2.º Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad.

3.º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.

4.º Faltando a la verdad en la narración de los hechos.

2. Será castigado con las mismas penas a las señaladas en el apartado anterior el responsable de cualquier confesión religiosa que incurra en alguna de las conductas descritas en los números anteriores, respecto de actos y documentos que puedan producir efecto en el estado de las personas o en el orden civil.

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¿Qué nos indica el Artículo 390 del Código Penal?

El artículo 390 del Código Penal establece las penas aplicables a las autoridades o funcionarios públicos que cometan falsedad en el ejercicio de sus funciones. Se considera falsedad cuando se altera un documento en alguno de sus elementos esenciales, se simula un documento o se atribuyen declaraciones o manifestaciones falsas a personas que no las hicieron. También se incluye la falta a la verdad en la narración de los hechos. En el caso de las confesiones religiosas, el artículo establece que también pueden ser sancionadas si incurren en alguna de estas conductas respecto a actos y documentos que afecten al estado de las personas o el orden civil. Las penas previstas son de prisión, multa e inhabilitación especial por diferentes periodos de tiempo.

El Artículo 390 del Código Penal: explicación sencilla

El artículo 390 del Código Penal se refiere a las conductas de falsedad que pueden cometer las autoridades o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, así como también a las confesiones religiosas en determinadas circunstancias. La falsedad puede manifestarse de diferentes formas: alterando un documento, simulando un documento, atribuyendo declaraciones falsas a personas o faltando a la verdad en la narración de los hechos.

En el caso de la alteración de un documento, se refiere a la modificación de alguno de sus elementos esenciales, lo cual puede conducir a que el documento resulte falso o engañoso. Por otro lado, la simulación de un documento implica crear un documento falso, ya sea en su totalidad o en parte, con la intención de inducir a error sobre su autenticidad. Esto puede ser especialmente peligroso, ya que puede afectar la confianza de las personas en los documentos presentados ante las autoridades.

La atribución de declaraciones o manifestaciones falsas a personas que no las hicieron o la falta a la verdad en la narración de los hechos son también conductas sancionables. Estas acciones implican hacer aparecer a personas que no participaron en un acto como si hubieran intervenido, o atribuirles declaraciones o manifestaciones diferentes a las que realmente realizaron. También se incluye la falta de veracidad en la narración de los hechos, es decir, proporcionar información falsa sobre lo ocurrido.

Estas conductas son consideradas delitos y están sujetas a penas de prisión, multa e inhabilitación especial. Las penas de prisión pueden oscilar entre tres y seis años, mientras que las multas pueden variar entre seis y veinticuatro meses. Además, se puede imponer una inhabilitación especial por un período de dos a seis años.

Es importante tener en cuenta que el artículo también establece que las confesiones religiosas pueden ser sancionadas si incurren en alguna de estas conductas en relación con actos y documentos que puedan tener efectos en el estado de las personas o en el orden civil. Esto implica que las confesiones religiosas deben actuar con honestidad y veracidad en su actuación en asuntos que afecten a la sociedad y al ordenamiento jurídico.

En resumen, el artículo 390 del Código Penal establece las penas para las autoridades o funcionarios públicos que cometan falsedad en el ejercicio de sus funciones, así como también para las confesiones religiosas en ciertos casos. Las conductas sancionables incluyen la alteración y simulación de documentos, la atribución de declaraciones falsas y la falta a la verdad en la narración de los hechos. Las penas pueden ser de prisión, multa e inhabilitación especial.

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