Artículo 419 del Código Penal Explicado

La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años, multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a doce años, sin perjuicio de la pena correspondiente al acto realizado, omitido o retrasado en razón de la retribución o promesa, si fuera constitutivo de delito.

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¿Qué nos indica el Artículo 419 del Código Penal?

El Artículo 419 del Código Penal de España establece los delitos de corrupción cometidos por autoridades o funcionarios públicos. Este artículo se refiere específicamente a la recepción o solicitud de dádivas, favores, retribuciones u cualquier tipo de beneficio por parte de dichas autoridades o funcionarios, ya sea para sí mismos o para terceros. También se incluye la aceptación de ofertas o promesas a cambio de realizar actos que vayan en contra de los deberes inherentes a su cargo, o para evitar o retrasar injustificadamente los actos que deberían realizar en el ejercicio de sus funciones.

En resumen, el artículo prohíbe y sanciona a los funcionarios públicos que se beneficien personalmente o permitan que otros se beneficien a cambio de realizar acciones contrarias a sus deberes o de obstruir el correcto desempeño de su cargo.

El Artículo 419 del Código Penal: explicación sencilla

El Artículo 419 del Código Penal de España establece que los funcionarios o autoridades públicas que reciban o soliciten algún tipo de beneficio para sí mismos o para terceros, ya sea en forma de dádivas, favores, retribuciones u otras compensaciones, cometen un delito de corrupción. Esto incluye también la aceptación de ofertas o promesas a cambio de realizar acciones que vayan en contra de los deberes propios de su cargo o de retrasar o evitar injustificadamente su desempeño.

Este delito se castiga con penas de prisión que oscilan entre tres y seis años, además de una multa que va de doce a veinticuatro meses. Además, se impone una inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un periodo de tiempo que va de nueve a doce años. Es importante destacar que estas sanciones no excluyen otras penas que puedan corresponder al acto realizado, omitido o retrasado debido a la retribución o promesa, en caso de que este acto sea constitutivo de delito.

En este artículo se busca prevenir y castigar la corrupción en el ámbito de las autoridades y funcionarios públicos, garantizando así la honestidad y transparencia en el ejercicio de sus funciones. Al prohibir la recepción de beneficios o prebendas, se persigue evitar que los intereses personales o de terceros influyan en el correcto desempeño de la labor pública y en el cumplimiento de los deberes inherentes al cargo. Se trata, en definitiva, de proteger el interés general y la confianza que la ciudadanía deposita en sus representantes y administradores públicos.

Es importante que todos los ciudadanos tengan conocimiento de este artículo y lo comprendan, ya que la corrupción en la función pública afecta directamente a la calidad de los servicios que se prestan y al buen funcionamiento de la administración. Asimismo, es fundamental que las autoridades y funcionarios públicos conozcan este artículo y sepan que su incumplimiento conlleva serias consecuencias legales. El respeto a la ley es la base de una sociedad justa y equitativa.

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