Artículo 465 del Código Penal Explicado

Artículo 465 del Código Penal Explicado

1. El que, interviniendo en un proceso como abogado o procurador, con abuso de su función, destruyere, inutilizare u ocultare documentos o actuaciones de los que haya recibido traslado en aquella calidad, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de siete a doce meses e inhabilitación especial para su profesión, empleo o cargo público de tres a seis años.

2. Si los hechos descritos en el apartado primero de este artículo fueran realizados por un particular, la pena será de multa de tres a seis meses.

Art. 465 CP

¿Qué nos indica el Artículo 465 del Código Penal?

El Artículo 465 del Código Penal ofrece una descripción específica de las acciones penalizables cometidas por abogados y procuradores que abusan de su función en un proceso judicial. Este artículo se refiere a la destrucción, inutilización u ocultación de documentos o actuaciones que hayan sido recibidos en calidad de abogado o procurador. Establece las penas correspondientes para aquellos que lleven a cabo estos actos ilegales, así como la forma en que se castigará a los particulares que cometan estas mismas acciones.

El Artículo 465 del Código Penal: explicación sencilla

En términos sencillos, el Artículo 465 del Código Penal se refiere a la conducta inapropiada de abogados y procuradores que destruyen, inutilizan u ocultan documentos o actuaciones que han sido presentados como pruebas o evidencias en un proceso judicial. Estas acciones son consideradas como un abuso de su función y son penalizadas por la ley.

Los términos clave en este artículo son:

  • Abuso de su función: Esto se refiere a utilizar el poder o autoridad que se tiene como abogado o procurador de manera inapropiada o ilegal.
  • Destruir, inutilizar u ocultar: Estas acciones se refieren específicamente a dañar, desactivar o esconder de manera intencional y maliciosa documentos o actuaciones que hayan sido recibidos en calidad de abogado o procurador.
  • Documentos o actuaciones: Esto incluye cualquier tipo de pruebas o evidencias presentadas en un proceso judicial, tales como documentos legales, testimonios o cualquier otra información relevante al caso.
  • Traslado: Este término se refiere a la entrega oficial de los documentos o actuaciones a los abogados o procuradores en el proceso judicial.

El artículo establece diferentes sanciones dependiendo de quién cometa los actos ilegales:

Abogados y procuradores:

Los abogados o procuradores que cometan los actos descritos anteriormente serán castigados con las siguientes penas:

  • Pena de prisión de seis meses a dos años
  • Multa de siete a doce meses
  • Inhabilitación especial para su profesión, empleo o cargo público de tres a seis años

Particulares:

En el caso de que las mismas acciones sean realizadas por un particular, la pena será una multa de tres a seis meses.

Para tenerlo claro y a modo de síntesis, el Artículo 465 del Código Penal tiene como objetivo evitar que abogados y procuradores abusen de su posición en un proceso judicial destruyendo, inutilizando u ocultando documentos o actuaciones relevantes. Estas acciones son consideradas delitos y son sancionadas por las leyes españolas. Es importante que todos los ciudadanos estén conscientes de sus derechos y deberes en el sistema legal, y que comprendan las consecuencias de actuar de manera ilegal o abusiva.

¿Cuándo aplicaría el Artículo 465 del Código Penal?

El Artículo 465 del Código Penal se aplica cuando un abogado o procurador, en el ejercicio de su función en un proceso judicial, destruye, inutiliza u oculta documentos o actuaciones que haya recibido en esa calidad. Es importante destacar que estas acciones deben realizarse de forma intencionada y con el propósito de obstruir la justicia o manipular la evidencia en el proceso.

En primer lugar, es fundamental entender el concepto de abuso de su función, que se refiere al mal uso de la autoridad y el poder que tienen los abogados y procuradores en un proceso judicial. En este caso, se considera abuso cuando se utilizan esos recursos de manera indebida para destruir, inutilizar u ocultar pruebas relevantes para el caso.

Por otro lado, es necesario comprender el significado de documentos o actuaciones. En este contexto, se refiere a cualquier tipo de evidencia o información presentada en el proceso judicial, como documentos legales, testimonios, peritajes, entre otros elementos que sean relevantes para el caso en cuestión.

Además, el término traslado hace referencia a la entrega oficial de estos documentos o actuaciones a los abogados o procuradores en el proceso. Es decir, una vez que han recibido esa documentación, tienen la responsabilidad de resguardarla y utilizarla de manera adecuada en el proceso judicial.

Ejemplos de aplicación del Artículo 465 del Código Penal

A continuación, te presento una lista de ejemplos reales en los cuales el Artículo 465 del Código Penal podría ser aplicado. Es importante comprender cómo se aplica este artículo en situaciones concretas para tener una mejor idea de su alcance y relevancia en la ley española.

  • Abuso de poder: Un abogado que destruye documentos clave para el caso de su cliente con el fin de manipular la evidencia y obtener una ventaja injusta en el proceso legal.
  • Interrupción de la justicia: Un procurador que inutiliza actuaciones judiciales para retrasar el avance del juicio y favorecer a la parte contraria de su cliente.
  • Ocultación de pruebas: Un abogado que oculta testimonios relevantes que podrían cambiar el rumbo de un caso importante y perjudicar a la otra parte involucrada en el proceso.
  • Falsificación de documentos: Un abogado que manipula documentos legales para presentarlos como pruebas falsas en un juicio y engañar al tribunal y a las partes implicadas.
  • Desaparición de evidencia: Un procurador que hace desaparecer evidencias cruciales en un caso de delitos graves para proteger a un cliente culpable de los cargos que se le imputan.

Estos ejemplos ilustran situaciones en las cuales el Artículo 465 del Código Penal puede ser invocado para sancionar a abogados, procuradores o particulares que cometan actos ilegales relacionados con la destrucción, inutilización u ocultación de documentos o actuaciones en un proceso judicial.

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