Artículo 46 del Código Penal Explicado

La inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, priva a la persona condenada de los derechos inherentes a la primera, y supone la extinción de las demás, así como la incapacidad para obtener nombramiento para dichos cargos durante el tiempo de la condena. La pena de privación de la patria potestad implica la pérdida de la titularidad de la misma, subsistiendo aquellos derechos de los que sea titular el hijo o la hija respecto de la persona condenada que se determinen judicialmente. La autoridad judicial podrá acordar estas penas respecto de todas o algunas de las personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que estén a cargo de la persona condenada.

Para concretar qué derechos de las personas menores de edad o personas con discapacidad han de subsistir en caso de privación de la patria potestad y para determinar respecto de qué personas se acuerda la pena, la autoridad judicial valorará el interés superior de la persona menor de edad o con discapacidad, en relación a las circunstancias del caso concreto.

A los efectos de este artículo, la patria potestad comprende tanto la regulada en el Código Civil, incluida la prorrogada y la rehabilitada, como las instituciones análogas previstas en la legislación civil de las comunidades autónomas.

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¿Qué nos indica el Artículo 46 del Código Penal?

El Artículo 46 del Código Penal establece la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento. Esta pena implica la privación de los derechos inherentes a la patria potestad y la extinción de los demás cargos mencionados, así como la incapacidad para obtener nombramiento para estos cargos durante el tiempo de la condena. Además, se establece que la privación de la patria potestad implica la pérdida de la titularidad de la misma, pero subsisten aquellos derechos que el hijo o la hija tengan respecto a la persona condenada y que sean determinados judicialmente.

La autoridad judicial tiene la facultad de imponer estas penas tanto para personas menores de edad como para personas con discapacidad necesitadas de especial protección que estén a cargo de la persona condenada.

Para determinar qué derechos de las personas menores de edad o personas con discapacidad deben subsistir en caso de privación de la patria potestad, así como para decidir sobre quiénes se acuerda la pena, la autoridad judicial debe valorar el interés superior de la persona menor de edad o con discapacidad, teniendo en cuenta las circunstancias específicas del caso.

Es importante destacar que, a efectos de este artículo, la patria potestad incluye tanto la regulada en el Código Civil, incluyendo la prorrogada y la rehabilitada, como las instituciones análogas previstas en la legislación civil de las comunidades autónomas.

El Artículo 46 del Código Penal: explicación sencilla

El Artículo 46 del Código Penal establece las consecuencias legales para aquellas personas que sean condenadas por ciertos delitos en relación a la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento.

La pena de inhabilitación especial para el ejercicio de estos cargos implica que la persona condenada perderá los derechos vinculados a la patria potestad y también se extinguirán los demás cargos mencionados. Además, durante el tiempo de la condena, la persona no podrá obtener ningún nombramiento para estos cargos.

Si la pena impuesta es la privación de la patria potestad, significa que la persona perderá la capacidad de ejercer totalmente dicha patria potestad. Sin embargo, los derechos que el hijo o la hija tengan respecto a la persona condenada serán determinados por el juez y se mantendrán.

Es importante mencionar que la autoridad judicial tiene la facultad de imponer estas penas tanto a personas menores de edad como a personas con discapacidad que requieran protección especial y que estén a cargo de la persona condenada.

En el caso de la privación de la patria potestad, la autoridad judicial deberá evaluar y considerar el interés superior de la persona menor de edad o con discapacidad para determinar qué derechos deben subsistir y decidir sobre quiénes se aplicará esta pena.

Es necesario destacar que, según este artículo, la patria potestad comprende tanto la regulada en el Código Civil, incluyendo la prorrogada y la rehabilitada, como las instituciones similares establecidas en las leyes civiles de las comunidades autónomas.

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