Artículo 438 bis del Código Penal Explicado

La autoridad que, durante el desempeño de su función o cargo y hasta cinco años después de haber cesado en ellos, hubiera obtenido un incremento patrimonial o una cancelación de obligaciones o deudas por un valor superior a 250.000 euros respecto a sus ingresos acreditados, y se negara abiertamente a dar el debido cumplimiento a los requerimientos de los órganos competentes destinados a comprobar su justificación, será castigada con las penas de prisión de seis meses a tres años, multa del tanto al triplo del beneficio obtenido, e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de dos a siete años.

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¿Qué nos indica el Artículo 438 bis del Código Penal?

El Artículo 438 bis del Código Penal establece las consecuencias legales para una autoridad que, durante su función o cargo, o hasta cinco años después de haber cesado en ellos, haya obtenido un incremento patrimonial o una cancelación de obligaciones o deudas por un valor superior a 250.000 euros respecto a sus ingresos acreditados, y se niegue abiertamente a cumplir con los requerimientos de los órganos competentes destinados a comprobar la justificación de dicho incremento o cancelación.

El Artículo 438 bis del Código Penal: explicación sencilla

El Artículo 438 bis del Código Penal busca sancionar a aquellas autoridades que, durante su función o cargo público, hayan obtenido beneficios económicos o cancelado deudas por un valor mayor a 250.000 euros en relación a sus ingresos legítimos, y se nieguen a colaborar con las autoridades encargadas de verificar la justificación de dichos incrementos o cancelaciones.

Este artículo establece que el delito se comete únicamente si el aumento patrimonial o la cancelación de deudas supera el límite de 250.000 euros en comparación con los ingresos demostrados de la autoridad. Además, la negativa abierta a colaborar con las investigaciones es un requisito indispensable para que se apliquen las sanciones contempladas.

Incremento patrimonial: Se refiere al aumento de bienes o activos de la autoridad en cuestión, como propiedades, cuentas bancarias, inversiones, entre otros.

Cancelación de obligaciones o deudas: Hace referencia a la extinción de responsabilidades económicas, ya sea reembolsando deudas o pagando obligaciones adquiridas anteriormente.

Valor superior a 250.000 euros: Este es el límite establecido por el artículo para determinar cuándo se considera que el incremento patrimonial o la cancelación de deudas es significativo y merece una investigación.

Ingresos acreditados: Se refiere a los ingresos legítimos que pueden ser demostrados por la autoridad en cuestión, como sueldo, honorarios u otros ingresos declarados oficialmente.

Requerimientos de los órganos competentes: Son las solicitudes o demandas de información y documentación que realizan las autoridades encargadas de investigar y comprobar la justificación del incremento patrimonial o la cancelación de deudas.

El artículo establece las penas por este delito, que incluyen una pena de prisión de seis meses a tres años, una multa del tanto al triplo del beneficio obtenido y una inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un período de dos a siete años.

Esta sanción combina una pena de privación de libertad con una multa económica, ya que se considera que el delito implica un enriquecimiento ilícito. Además, la autoridad condenada queda inhabilitada para ejercer un cargo público y para participar en elecciones durante un tiempo determinado.

Es importante destacar que este artículo busca garantizar la transparencia en el ejercicio de la función pública y evitar el enriquecimiento injustificado de las autoridades. También busca prevenir prácticas de corrupción y promover la rendición de cuentas por parte de aquellas personas que ostentan un cargo público.

En resumen, el Artículo 438 bis del Código Penal establece las consecuencias legales para aquellas autoridades que obtienen un incremento patrimonial o cancelan deudas por un valor superior a 250.000 euros en relación a sus ingresos acreditados, y se niegan abiertamente a colaborar con las autoridades encargadas de comprobar la justificación de dichos incrementos o cancelaciones. Las sanciones incluyen prisión, multa e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

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